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Reformas laborales… ¿Quién gana?

“Los planteamientos del gobierno fortalecen nuestro actual esquema de negociación colectiva que ha dificultado el diálogo entre las partes…”

*Columna extraída de Blogs de El Mercurio y escrito por Carlos Portales.

Carlos Portales

Carlos Portales

El paquete de reformas laborales es lo próximo que se viene por parte del Gobierno y ya se escuchan fuerte las voces disconformes no solo de los grandes empresarios, sino de las pymes, los emprendedores y sindicatos.

¿Por qué tanta oposición? ¿Cuál es la reforma que Chile necesita? Una buena legislación laboral debe cumplir al menos cuatro objetivos. Primero, ella debe contribuir a aumentar nuestra débil productividad laboral (el país menos productivo y el tercero en mayor número de horas trabajadas de la OCDE). Una reforma que promueva nuestra competitividad para trabajar menos y mejor, eliminando rigideces en los contratos y jornadas de trabajo, promoviendo la adaptabilidad en los procesos productivos y otorgando estímulos a quienes capaciten a su personal. En contraste, el proyecto de reforma no se plantea en esencia como una herramienta legal para mejorar nuestra competitividad. Solo faculta a las partes para negociar colectivamente estas materias cuando existan sindicatos, en un país con apenas un 14% de sindicalización y en el que solo en el 15% de las empresas se negocia colectivamente. Así, el proyecto impactará apenas en una minoría de trabajadores privilegiados, lesionando de paso el principio de libertad de afiliación. Y si por último lo que preocupa es que la adaptabilidad laboral pueda prestarse para abusos, la reforma debiera potenciar un programa masivo de fiscalización y certificación de buenas prácticas laborales en las empresas.

Segundo, la reforma debe promover a la empresa y el trabajo como las grandes palancas para cerrar las brechas de equidad que porfiadamente persisten en nuestro país (el 80% de los hogares vive con menos de $600.000). Nada ha planteado el Gobierno sobre la necesidad de vincular la generación de valor económico en las compañías con la distribución del mismo de una manera justa y sustentable. Los 4,75 ingresos mínimos mensuales al año en gratificaciones que contempla nuestro código no son un incentivo para el esfuerzo, la productividad y el mejoramiento de las compensaciones de los trabajadores. ¿Por qué no ser audaces y proponer el reparto de un porcentaje de las utilidades con objetivos y metas negociadas entre empleadores y trabajadores -no solo sindicalizados- considerando el tamaño de empresa, rentabilidad y requerimientos de inversión, para vincular mejoras en productividad con incremento en compensaciones variables y mayor equidad?

Tercero, la próxima reforma laboral debe ser pro empleo para los trabajadores que persistentemente no acceden al mercado laboral (mujeres y jóvenes). Las propuestas del Gobierno, y con razón, apuntan a emparejar la mesa y fortalecer los sindicatos y las condiciones de los trabajadores afiliados que tienen trabajo. Pero olvidan a los más postergados. Tendrán incentivos para sindicalizarse entonces, dirá alguien. Ni en la propia OCDE con legislaciones pro sindicalización la afiliación supera el 20%.

Finalmente, y porque somos desconfiados, Chile necesita diálogo social y relaciones colaborativas entre empleadores y trabajadores. Los planteamientos del Gobierno, sin embargo, fortalecen nuestro actual esquema de negociación colectiva que ha dificultado el diálogo entre las partes. Incluso ahora se otorgaría un instrumento adicional a los sindicatos como es el término del reemplazo de trabajadores en huelga. Si bien ella existe en los países desarrollados, debe utilizarse con responsabilidad, cuidando de no dañar la empresa. En este sentido, nada se plantea sobre la responsabilidad de los sindicatos, de su formación, de su obligación de llevar un registro de afiliados y contabilidad auditada, de la penalización de la venta de fueros sindicales y de un control de la industria de asesores laborales (similar al lobby ), muchas veces promotores del conflicto y destructores del diálogo laboral.

El Gobierno tiene una gran oportunidad de convertir esta reforma sindical en una verdadera reforma laboral. Para ello debiera incorporar a interlocutores más allá de la CPC y la CUT, cuyo nivel de representatividad entre los trabajadores del sector privado es muy baja. Podría incluirse a sindicatos de base, a las pymes y a los emprendedores. Es muy posible que así nuestras autoridades se terminen por convencer de que la reforma laboral puede ser un instrumento estratégico para responder a los desafíos de productividad, equidad, inclusión y diálogo social que Chile requiere.